Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz

Fiscales y procuradores generales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, miembros del Mercosur, extendieron su apoyo con el Ministerio Público de Venezuela, tras una reunión de Ministerios Públicos del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Los fiscales rechazaron las amenazas del gobierno venezolano de destituir a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, citada a comparecer ante la corte el martes en una audiencia que decidirá si es sometida a juicio.

Ortega Diaz, confesa chavista, se convirtió en la más dura crítica del gobierno de Nicolás Maduro, al acusar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de emitir sentencias que llevaron a una ruptura del orden constitucional en Venezuela y rechazar una Asamblea  Nacional Constituyente convocada por el mandatario.

Pero una destitución de la fiscal sólo puede ser decidida por la Asamblea Nacional (AN), que actualmente está controlada por la oposición, sin embargo el TSJ desconoce sus decisiones por considerar que la AN se encuentra en desacato.

Ministerio Público de Venezuela

Comunicado de los fiscales

“Los fiscales del bloque rechazan cualquier pretensión de remoción de la fiscal venezolana por fuera de los canales legales y constitucionales”, reseñó un comunicado difundido por el Ministerio Público de Venezuela.

En el documento, los fiscales consideraron “imperioso que se respete la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano en el legítimo ejercicio de sus funciones” y pidieron que se le respete su derecho a la defensa.

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Además, “rechazan cualquier acto de hostigamiento, persecución y amenaza que puedan poner en riesgo la integridad personal de la Fiscal y de sus familiares, así como de los funcionarios que integran el Ministerio Público venezolano”.

La fiscal, a quien varios funcionarios del gobierno le han advertido que le quedan pocos días en el cargo, ha denunciado que su familia ha recibido amenazas.

Ortega, anunció este viernes que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, medidas cautelares de protección para los funcionarios del Ministerio Público.

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