¿Concesión política real o retirada táctica? La propuesta de Sébastien Lecornu de frenar la reforma del Borne de 2023 (aumentar la edad legal de jubilación de 62 a 64 años) tal vez le permita prolongar su esperanza de vida en Matignon, pero en realidad plantea más preguntas que respuestas.
La única certeza, el simple hecho de que la suspensión de la reforma constituye una condición sine qua non para la supervivencia de un gobierno, sea cual sea, es mérito de la izquierda y de los sindicatos: moviendo cielo y tierra desde 2023, son ellos quienes han colocado esta cuestión en el centro del juego político, aunque el poder macronista sólo pedía pasar página.
Dicho esto, la vaguedad que rodea los términos concretos de la suspensión, así como las herramientas para su financiación, invitan a la moderación. Sobre todo porque esta suspensión ni siquiera se adquiere: el Parlamento tendrá que decidir para que esta vía se materialice.
Ni derogación ni congelación, sino un simple cambio…
El presidente del Gobierno no se ha desviado de su rumbo inicial: nunca se planteó derogar la reforma de 2023, como exigen varios sindicatos (entre ellos la CGT, FO y Solidaires) y la izquierda. Tampoco se trata de una congelación, en el sentido de que “la reforma no se detendrá en el punto en el que se encontraba en 2025”, advierte el economista Michaël Zemmour. La edad objetivo de 64 años sigue vigente en la ley y se alcanzaría en 2033 en lugar de 2032. La duración objetivo de 172 trimestres (para poder salir con la tarifa completa – Nota del editor) se alcanzaría en 2029…
